Sanciones administrativas y penales fundamentales para fomentar cultura institucional en derechos humanos: Namiko
Hylcia Trujano
Xalapa, Veracruz a 3 de Octubre de 2017.- La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, presentó una recomendación general dirigida a autoridades de la Fiscalía General del Estado, diputados integrantes del Congreso de Veracruz y la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito y de Violación de Derechos Humanos por la desaparición de 81 personas durante el periodo de febrero de 2011 a octubre de 2016.
“Son hechos particularmente graves porque constituyen un patrón sistemático de omisiones que sin lugar a duda han generado impunidad; esta afirmación se sostiene en la acreditación de violaciones de derechos humanos en 81 expedientes analizados, que documentan casos de personas desaparecidas”.
Indicó que tras la revisión de cada uno de los expedientes se observaron irregularidades que han generado impunidad.
“Pudo constatarse que recurrentemente existieron irregularidades en la investigación que en muchos casos obstaculizaron que las indagatorias tuvieran resultados satisfactorios, en todos los casos analizados, el inicio de la investigación constituyó una mera formalidad, no se realizaron todas las diligencias encaminadas a la localización con vida de las personas desaparecidas”.
En ese sentido, Matzumoto Benítez, enfatizó, que las cargas procesales de las autoridades fueron trasladadas a las víctimas indirectas.
“En suma, las investigaciones adolecieron de deficiencias estructurales. De tal forma, esta Comisión señala que las omisiones encontradas en las investigaciones escrutadas demuestran el incumplimiento del deber debida diligencia a cargo de la autoridad encargada de procurar justicia”.
De tal forma que lo anterior, refirió, constituye en sí mismo un incumplimiento de las obligaciones de garantía, “pues fomenta la repetición de las violaciones a derechos humanos, además, vulnera el derecho de las víctimas y sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido”.
Explicó que la falta de investigación o investigación deficiente provoca que los autores intelectuales y materiales de las desapariciones permanezcan sin ser presentados ante la justicia, pero también, que los servidores públicos que atienden los casos, perpetúen las prácticas que violan los derechos humanos de las víctimas”.
Finalmente, sostuvo, que las sanciones administrativas y penales son fundamentales fomentar una cultura institucional de compromiso con los derechos humanos, particularmente, cuando se trata de un caso de desaparición de personas.
