Demanda PT castigo a los responsables del desfalco a las finanzas de Veracruz

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2016.- La dirigencia nacional del Partido del Trabajo demanda al gobierno federal atraer el caso del desfalco al erario público en el estado de Veracruz y se finquen responsabilidades a los culpables, iniciando con la localización, presentación y encarcelamiento del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

El PT apremia a las autoridades federales a actuar en consecuencia ante el “robo histórico” que Duarte, junto con sus funcionarios más cercanos, cometieron en detrimento de miles de familias veracruzanas; hasta el momento la Auditoría Superior de la Federación ha reportado el desvío sin precedentes de 35 mil millones de pesos, sin embargo, y a pesar de que se han presentado 54 denuncias de hechos al respecto, no se ha ejercido ninguna acción, por el contrario, se está dando tiempo para que los probables responsables huyan del país, prevalezca la impunidad estructural y se agudice la pobreza de la mayoría de la población.

Se considera que el saqueo a las finanzas de Veracruz y la compra de grandes y costosas propiedades dentro y fuera del país constituyen una afrenta al pueblo, no sólo de la entidad sino de todo México, por lo exigimos se ejerza todo el peso de la ley.

El partido sanciona tajantemente el uso indebido de recursos, cabe mencionar que tan sólo fueron 315 millones de pesos de subsidio federal originalmente presupuestados para el sector salud y que finalmente se emplearon en “otros asuntos” a criterio del gobierno estatal.

Asimismo, es deleznable la irresponsabilidad y encubrimiento de las autoridades al no aplicar rigurosamente la ley como fue en el caso del ahora diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad, quien cómplice de los malos manejos, sólo se le impuso una sanción administrativa que lo inhabilita para ejercer cualquier cargo público del ámbito estatal, empero, hoy día goza de fuero al ostentar el cargo de legislador federal.

El Partido del Trabajo se suma a la exigencia ciudadana de contar con funcionarios honestos, transparentar el manejo de los recursos, así como establecer controles eficaces y leyes que permitan castigar de manera severa a aquellos que cometan delitos en perjuicio de la sociedad.