Activistas y lugareños exigen la apertura del proceso de consulta pública respecto a la expropiación de la mina Caballo Blanco

Hylcia Trujano

Xalapa, Veracruz a 30 de Agosto de 2017.- A través de un boletín de prensa lugareños de Alto Lucero y Actopan así como organizaciones de la sociedad civil solicitan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrir la consulta pública y celebrar la reunión pública de información dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental que ocasionaría la explotación a cielo abierto, de la mina Caballo Blanco.

En el documento se lee que el “proyecto denominado ‘La Paila’ es promovido por la empresa Caballo Blanco y busca desarrollarse en esa región”.

Además, este proyecto busca hacer un cambio de uso de suelo en terrenos forestales de 265 hectáreas, “en un área de gran importancia ambiental y que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como el Sitio Ramsar La Mancha y el Llano, y uno de los corredores migratorios y sitio de alta concentración de especies migratorias más importante en el mundo”.

El comunicado enviado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental refiere que la explotación minera en la zona implicaría una grave devastación de la vegetación de selva baja caducifolia, en la cual se encuentra gran variedad de especies endémicas como los encinos tropicales.

“Una de las afectaciones más graves sería a las cícadas, especie de plantas milenarias endémicas -contemplada en la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat, para especies en peligro de extinción-, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil años, colocándose así como la vegetación viviente más antigua de México. De igual forma, muchas aves acuáticas estarían en riesgo de contaminarse en la laguna de lixiviación”, dice el documento.

Y refiere que además de los altos impactos ambientales negativos, el proyecto conlleva un riesgo para la población, toda vez que se localiza dentro de un radio de 2.5 kilómetros de la Estación Nucleoeléctrica Laguna Verde, es decir, dentro de la franja en la que opera el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) en caso de algún accidente con liberación de material radioactivo.

De tal forma que la coexistencia de dos actividades de alto riesgo en una distancia tan estrecha convierte el tema en un asunto de seguridad nacional.

Asimismo, en dicho texto firmado por Margarita Campuzano y Ricardo Ruíz Esparza se detalla que la solicitud de consulta presentada a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat se realizó con fundamento en los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano, a acceder a información pública y a participar de forma directa en la toma de decisiones en materia ambiental, debido a que tal proyecto puede causar severos impactos al medio ambiente y a los recursos naturales en el estado de Veracruz.

Desde 2012 la empresa Candymin S.A de C.V -propiedad de Goldgroup Inc.- había solicitado a la Semarnat la Autorización de Impacto Ambiental.

En su momento la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), el Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable – Núcleo Veracruz, el Gobierno del estado de Veracruz y la sociedad civil en general emitieron cometarios en contra del proyecto, por lo que la empresa decidió retirarlo en septiembre de ese mismo año.

Sin embargo, Goldgroup publicó entonces un desplegado en el que señalaba que su decisión era únicamente «diferir el proceso de Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)» con el fin de «trabajar con las nuevas autoridades en un nuevo proyecto de inversión».