A 17 años de la tragedia de la Guardería ABC, exigen justicia
Xalapa, Veracruz a 05 de junio de 2027.- En el marco del Día de Luto Nacional por la tragedia de la Guardería ABC, ciudadanas y activistas denunciaron la falta de cumplimiento del decreto que establece que las banderas de los edificios gubernamentales deben colocarse a media asta cada 5 de junio, además de reiterar su exigencia de justicia para las víctimas del incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora.
Durante una intervención pública, una de las participantes señaló que, pese a que desde hace 17 años existe un decreto oficial que reconoce la fecha como Día de Luto Nacional, en diversos edificios gubernamentales no se cumple con la disposición.
“Todas las banderas de los palacios de gobierno deben estar a media asta y aquí nunca la ponen. Ya hemos presentado el decreto en años anteriores y sigue sin cumplirse”, expresó.
Posteriormente, integrantes de un colectivo ciudadano recordaron que desde hace más de 15 años acompañan a madres y padres de los menores afectados por el incendio registrado el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC.
Las activistas señalaron que la tragedia fue consecuencia de una serie de irregularidades, negligencias y actos de influyentismo que permitieron la operación de la estancia infantil sin cumplir plenamente con las condiciones de seguridad necesarias para proteger a los menores.
Recordaron que el incendio se originó en una bodega contigua perteneciente a la Secretaría de Hacienda, desde donde el fuego y el humo se propagaron rápidamente hacia la guardería debido a diversas deficiencias estructurales, entre ellas un muro compartido con anomalías en su construcción.
De acuerdo con los testimonios recopilados tras los hechos, la forma en que estaba adaptado el inmueble dificultó la evacuación de los niños y niñas, mientras que la magnitud de la emergencia rebasó la capacidad de respuesta de los servicios de auxilio, obligando a trasladar a algunos menores en vehículos particulares y patrullas.
Las representantes ciudadanas señalaron que los propietarios de la estancia habrían recibido permisos de operación sin cumplir con todos los requisitos de seguridad, situación que atribuyeron a actos de protección política y relaciones de poder existentes durante el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón.
Asimismo, recordaron que entre los propietarios figuraban personas vinculadas a familiares de funcionarios de alto nivel de aquella administración, situación que desde entonces ha sido señalada por los familiares de las víctimas como un factor que contribuyó a la impunidad.
Durante el acto, las participantes afirmaron que, a más de una década y media de los hechos, los responsables materiales y políticos continúan sin recibir un castigo ejemplar, por lo que reiteraron su demanda de justicia y de aplicación plena de la denominada Ley 5 de Junio en todo el país.
También destacaron que la tragedia evidenció la necesidad de fortalecer las políticas públicas de protección a la infancia, recordando que niñas y niños tienen derecho a condiciones adecuadas de alimentación, salud, educación y esparcimiento, principios que deben guiar todas las acciones gubernamentales dirigidas a este sector de la población.
La ceremonia concluyó con la lectura de los nombres de algunas de las víctimas fallecidas en el incendio, entre ellas Ana Paula Acosta Jiménez y Andrea Nicole Figueroa Agüero, acompañada de consignas de justicia y memoria para los 49 menores que perdieron la vida y los 194 que resultaron lesionados en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.