Tribunal de Justicia Administrativa mantiene rezago; asuntos de 2023 aún llegan a tribunales colegiados.
Xalapa, Veracruz a 3 de septiembre de 2026.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) trabaja a marchas forzadas para abatir el rezago de expedientes que recibió del extinto tribunal, aunque una parte importante de las resoluciones continúa siendo impugnada ante tribunales colegiados, por lo que todavía no puede determinarse cuántas sanciones han quedado firmes.
La presidenta del Trijaev, Leticia Aguilar Jiménez, explicó que desde el inicio de la actual etapa del organismo se recibió una cantidad considerable de expedientes, principalmente en la Sala Centro, con sede en Xalapa, donde se concentra la mayor carga de trabajo debido a que en la capital se encuentran el Poder Ejecutivo y la mayoría de las dependencias estatales.
“Vamos trabajando en marchas forzadas desde que llegamos. Recibimos muchísimos expedientes del extinto tribunal”, señaló.
Detalló que la carga laboral es mayor en la Sala Centro Xalapa que en las salas unitarias Norte y Sur, precisamente por la concentración de las dependencias gubernamentales en la capital del estado.
Respecto de las sanciones contra funcionarios y exfuncionarios por posibles responsabilidades administrativas, Aguilar Jiménez aclaró que los procedimientos administrativos son independientes de las investigaciones y procesos penales que lleva la Fiscalía General del Estado.
Explicó que, en algunos casos, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) puede presentar una denuncia ante la Fiscalía y, paralelamente, remitir el expediente al Tribunal para que determine si existe responsabilidad administrativa.
“Es muy independiente la responsabilidad penal de la administrativa”, puntualizó.
La magistrada informó que el Tribunal ha resuelto diversos asuntos relacionados con administraciones anteriores y puso como ejemplo un expediente correspondiente a un organismo de agua municipal de los años 2017-2018, en el que se determinó una inhabilitación por 10 años.
Precisó que, cuando se trata de faltas administrativas graves, la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla sanciones de inhabilitación de entre 10 y 20 años, por lo que los 10 años representan la sanción mínima en estos casos.
Aguilar Jiménez explicó que el Tribunal también revisa procedimientos iniciados bajo el anterior esquema, cuando las contralorías imponían directamente las sanciones, mientras que actualmente existen procedimientos de responsabilidad administrativa bajo el nuevo sistema establecido por la legislación general.
Ante la cercanía del proceso electoral 2026-2027 y la posibilidad de que exfuncionarios sancionados busquen contender por cargos de elección popular, la presidenta del Tribunal advirtió que no es posible establecer todavía un número definitivo de personas cuya sanción haya quedado firme.
Explicó que muchas de las resoluciones emitidas por el Trijaev son recurridas ante tribunales colegiados, por lo que continúan en proceso de revisión.
“Tenemos varios y varios de los que hemos impuesto sanciones también ahorita están que no se han resuelto en el tribunal colegiado”, señaló.
Como ejemplo, mencionó procedimientos iniciados en 2023 que todavía están siendo desahogados y casos relacionados con administraciones anteriores, incluida la de Javier Duarte de Ochoa, cuyos amparos derivados de procedimientos resueltos por el Tribunal comenzaron a llegar apenas este año.
“Sería riesgoso que yo le diga que de este año ya hay algo firme, porque no es así. Casi todo se recurre, si no es que todo”, indicó.
La magistrada también explicó que existen resoluciones relacionadas con responsabilidades administrativas que pueden representar la recuperación de importantes cantidades de recursos públicos.
Una vez que las sentencias quedan firmes y se determina la existencia de cantidades por pagar, estas pueden convertirse en créditos fiscales, cuya recuperación corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), mientras que la Contraloría participa en la parte relacionada con los procedimientos disciplinarios.
Aguilar Jiménez señaló que existen expedientes derivados de cuentas públicas de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, algunos de los cuales involucran cantidades que van desde aproximadamente 3 millones hasta 100 millones de pesos.
Añadió que algunos amparos ya han sido negados y que, en esos casos, se da aviso a las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento de recuperación de los recursos.
Ciudadanos también recuperan dinero por actos indebidos.
La presidenta del Trijaev explicó que no todos los asuntos que llegan al Tribunal están relacionados con funcionarios públicos o grandes cantidades de recursos.
También existen juicios promovidos por ciudadanos que consideran que alguna autoridad actuó indebidamente, como ocurre con multas de tránsito y el traslado de vehículos a corralones.
Explicó que, cuando un particular obtiene una sentencia favorable, el Tribunal puede ordenar la devolución de las cantidades que fueron cobradas indebidamente.
Como ejemplo, señaló el caso de una persona a la que se le impone una multa de tránsito y cuyo vehículo es llevado al corralón. Si el ciudadano paga mil pesos por la infracción y tres mil pesos por el servicio de grúa y depósito, y posteriormente obtiene una sentencia favorable, puede ordenarse la devolución de los 4 mil pesos pagados de manera indebida.
“Quien tiene la razón, o a quien gana el juicio, pues es el particular”, explicó.
Aguilar Jiménez afirmó que son varios los ciudadanos que han logrado recuperar recursos mediante este tipo de procedimientos, principalmente cuando consideran que un acto de la autoridad vulneró sus derechos.
Estos asuntos no se limitan a Xalapa, pues el Tribunal atiende controversias administrativas provenientes de distintas regiones del estado, a través de sus salas y mecanismos jurisdiccionales.