Todo se ha contestado en tiempo y forma por parte de Fiscalía: Hernández Giadáns

Hylcia Trujano/

Xalapa, Veracruz a 30 de marzo de 2022.- En dos semanas la fiscalía general del Estado (FGE) tendrá que remitir su determinación con relación a la segunda recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha girado respecto a la supuesta detención de José Manuel “N” en condiciones violatorias a sus derechos humanos.

Al respecto la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, refirió que con base a los tiempos de ley se dará respuesta. Sin embargo, coincidió con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez respecto a que causa “extrañeza” la expedita intervención del organismo en este caso.

Y es que, reiteró, no hay sustento que avale lo dicho por la defensa de José Manuel “N” en las apelaciones que presentan.

“Coincido en que resulta extraño que la Comisión Nacional en algunos casos muestre demasiado interés, y en otros, pase un año o dos y no resuelva una queja de un ciudadano común y corriente. Y también resulta extraño que la víctima indirecta de este asesinato del que tanto se ha hablado, presentó una queja y no se ha respondido”.

En ese sentido, Hernández Giadáns, reiteró el compromiso de la FGE por atender situaciones que confundan o desinformen al respecto.

“Todo se ha contestado en tiempo y forma por parte de Fiscalía, como se hará en este caso y bueno la Comisión tendrá sus procesos y sabrá por qué en algunos casos actúa de manera más rápida que otra”.

En tanto, reiteró que será en 15 días cuando se otorgue la respuesta ante el argumento de presunta violación a los derechos humanos de la persona referida en el momento de su detención; ocurrida el 23 de diciembre de 2021.

Y es que José Manuel “N” es señalado por su presunta participación intelectual en el asesinato a René Tovar, quien fuera candidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano en la pasada contienda electoral.

Por lo anterior, sostuvo que la ejecución de la orden de aprehensión e ejecutó en plena legalidad y respeto a los protocolos en materia de derechos humanos.