SEV vulnera derechos laborales: denuncian represalias y exclusión contra trabajadores del Vasconcelos.

Por Gerardo Velazquez Maravert/

Secretario General de Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano – SIMVE.

A Compañeros trabajadores del Programa Vasconcelos les negaron el acceso a su centro de trabajo desde el 7 de enero del presente año.

Desde el primer momento en que tuve conocimiento de esta situación, busqué de manera institucional y respetuosa el diálogo con la Secretaría de Educación de Veracruz, incluso a través del propio Coordinador de Asesores que en su momento era el Lic. José Martin Rivera Martínez, quien dejó el tema en el aire por su salida estrepitosa de la SEV, posteriormente busqué diálogo con el Lic. Juan Dario Lemarroy Martínez quien sólo ha pateado el bote y no se ha resuelto NADA.

He sido prudente y respetuoso de los tiempos; sin embargo, hay algo que no puedo, ni voy a minimizar: el nivel de afectación que hoy están viviendo estos trabajadores.

Aquí hay un punto clave que se tiene que decir con toda claridad: los compañeros se han desempeñado en sus cargos, incluso por más de veinte años, NO SON TRABAJADORES DE CONFIANZA, están en pleno derecho de demandar el reconocimiento de su antigüedad y sus prestaciones. Eso no es una falta, no es una irregularidad; eso es ejercer un derecho legítimo.

Y más aún, no podemos seguir sosteniendo narrativas que no resisten un análisis legal serio. La propia ley establece que los trabajadores de confianza son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización en representación del patrón. Es decir, su función es cuidar los intereses de la institución, no desempeñar funciones operativas permanentes durante más de 15 años como ocurre en este caso.

Un trabajador de confianza no puede ser una figura eterna ni se le puede seguir “contratando” bajo ese esquema con la finalidad de evadir responsabilidades laborales del Estado. Sin olvidar que los compañeros han sido presuntamente objeto de discriminación, obteniendo menos salario, menos prestaciones y menos derechos, además de tratos que presumiblemente tipifican varios delitos, tales como: Mobbing laboral, abuso de poder y discriminación de parte de la Doctora Adriana Velásquez Flores, coordinadora del Programa Vasconcelos.

Eso, además de irregular, es profundamente injusto y puede constituir una forma de discriminación laboral estructural, contraveniendo las políticas públicas de esta administración. Ignoro si esta situación es del conocimiento de la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en el Programa Vasconcelos no es un caso aislado; es la evidencia de una práctica que se ha venido normalizando dentro de la administración pública: mantener trabajadores durante años en condiciones precarias para evitar reconocerles derechos.

Esto no solo debe revisarse, debe corregirse de fondo. Porque cuando el propio Estado permite estas prácticas, deja de ser garante de derechos y se convierte en quien los vulnera.

Ante tal atropello a sus derechos humanos, laborales y fundamentales, di acompañamiento a los compañeros afectados para presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la intención que se emitan las medidas cautelares por posibles violaciones a derechos humanos y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz, se le solicitó el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos involucrados. Por que debe haber un responsable, alguien dio esa instrucción de no dejarlos entrar y no permitir que continuaran laborando. Lo que estamos solicitando es muy claro: que se les permita continuar laborando y que sea el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje quien resuelva, conforme a derecho, si procede el reconocimiento de su antigüedad, su basificación y la regularización de sus derechos laborales, con base en el Artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los principios de justicia laboral que protegen al trabajador frente a actos arbitrarios de la autoridad.

Por último, hago un llamado respetuoso pero firme a la Dra. Claudia Tello Espinoza, Secretaría de Educación de Veracruz y a la Ing. Norma Rocio Nahle García, Gobernadora del Estado: este tipo de situaciones no pueden convertirse en el sello de una administración. Permitir que dentro del propio gobierno se castigue a trabajadores por hacer valer la ley es romper el Estado de Derecho.

Aquí no se trata de confrontar, se trata de corregir. Pero se requiere de voluntad institucional, para alcanzar acuerdos que no vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores en comento. Por el momento, estamos en pie de lucha, hasta garantizar el respeto pleno a los derechos de los compañeros trabajadores del Programa Vasconcelos.