Esteban Bautista rechaza politización en desafueros
Xalapa, Veracruz a 5 de agosto de 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, aseguró que la decisión del Congreso de aprobar la declaración de procedencia contra los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste se sustentó en los elementos presentados por la Comisión Instructora y negó que el proceso haya tenido motivaciones políticas.
Entrevistado al término de la sesión en la que el Pleno aprobó los desafueros, el legislador afirmó que existían argumentos suficientes para respaldar la determinación del Congreso.
«Si había argumentos, evidentemente. El Congreso da los elementos y ahora el asunto está en cancha de la Fiscalía», expresó.
Bautista Hernández subrayó que los ediles conservan el derecho de defenderse, presentar pruebas y testigos durante el proceso penal.
«Ellos están en todo su derecho de defenderse, de llevar testigos de cargo y todos los elementos. Si son inocentes, serán exonerados», señaló.
Respecto a la designación de los presidentes municipales suplentes, informó que el procedimiento ya fue acordado y que éstos ya fueron llamados para asumir las funciones correspondientes, a fin de garantizar la continuidad de la administración municipal.
Sobre los señalamientos de Movimiento Ciudadano, cuyos legisladores acusaron que el proceso de desafuero fue politizado, el presidente de la Jucopo rechazó esa versión y sostuvo que la actuación del Congreso se basó únicamente en criterios legales.
«Respeto mucho a los compañeros de Movimiento Ciudadano, pero ellos traen una línea nacional y politizan todo. Aquí hubo un acto de seriedad; la Comisión Instructora encontró elementos suficientes para emitir nuestro voto», afirmó.
En relación con los argumentos de la defensa del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, que aseguró que en la carpeta de investigación no existía la llamada «prueba reina», Bautista Hernández indicó que los diputados se apegaron exclusivamente al dictamen elaborado por la Comisión Instructora.
«Los abogados podrán decir muchas cosas; para eso estudiaron. Nosotros nos apegamos al dictamen y será la Fiscalía la que sostenga el caso ante las autoridades competentes», comentó.
Al referirse a las declaraciones del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quien durante la sesión se dijo inocente y aseguró ser víctima de persecución, el diputado respondió que la investigación deberá determinar responsabilidades con base en las evidencias.
«Yo puedo decir que soy inocente, pero si existen testigos, cámaras de videovigilancia y evidencias telefónicas, hoy en día ya nadie puede engañar con facilidad. Será la autoridad quien determine lo conducente», manifestó.
Reconoció que en ocasiones la Fiscalía ha integrado expedientes que posteriormente no prosperan; sin embargo, consideró que en este caso deberá esperarse a que concluya el proceso judicial.
Finalmente, rechazó las comparaciones que algunos actores políticos hicieron con el desafuero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que se trata de casos completamente distintos.
«El caso de Andrés Manuel fue una persecución política real. No se puede comparar con hechos de esta naturaleza. Ahora corresponde a la Fiscalía y a los tribunales determinar las responsabilidades», concluyó.