Diferentes organizaciones de la defensa de los Derechos Humanos solicitaron a los diputados que modifiquen el artículo 331 del código penal
Xalapa, Veracruz a 09 de diciembre de 2021.- Juan Jose Auñon Segura y Edgar Zavaleta Flores delegado estatal del Prolivertad y derechos humanos en América Global e integrante de la defensoría de los derechos humanos señalaron que el delito de ultrajes a la autoridad es anticonstitucional.
En conferencia de prensa realizada en conocido café del centro de Xalapa dieron a conocer que en las últimas fechas se han venido incrementando los altos índices de delito en agravio de la Ciudadanía Veracruzana, y todo esto sucede por la reforma del artículo 331 del Código Penal para el Estado, con motivo del delito de ultrajes a la autoridad previsto, sancionado y aprobado por la legislatura de ésta entidad.
Dicha reforma señala que: «Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el memento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas».
«Como integrantes del Observatorio Ciudadano Contra la corrupción y en defensa de los derechos Humanos, integrado por diferentes lideres de Organizaciones Civiles, Colegios y Barras de Abogados, Representantes de Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
Activistas Sociales Colectivos y Sociedad General que han sido víctimas de estas injusticias y que nos hemos unido en una voz uní sonará, realizamos un análisis exhaustivo de la disposición legal, y consideramos que éste es resultado de una falla legislativa», señaló.
«Como integrantes de la sociedad veracruzana no merecemos, puesto que la figura que se considera como delito grave y que actualmente amerita prisión preventiva oficiosa se está aplicando por los cuerpos policiacos con exceso y como una medida represiva y violatoria de los Derechos Humanos, del principio de inocencia y del debido proceso en agravio de la población», agregó.
Señalaron que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Dieron a conocer que hay muchas personas que fueron detenidas de forma injusta con este delito por lo que esperan que la actual legislatura pueda adecuar esta ley y no sea utilizado para amedrentar a las personas ya que esta ley es anticonstitucional.