Congreso de Veracruz analizará enajenación de aeronaves y llama al diálogo en conflictos sociales.
Xalapa, Veracruz a 23 de abril de 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, informó que será en una próxima sesión cuando se analice la solicitud enviada por la gobernadora para la enajenación de ocho aeronaves, las cuales dijo podrían representar un riesgo debido a su antigüedad.
El legislador señaló que, antes de someter el tema al Pleno, será discutido al interior de la Jucopo, donde se construirá un punto de acuerdo. Aseguró que cualquier decisión estará orientada al beneficio de la entidad, especialmente ante la temporada de incendios, donde el uso de aeronaves es fundamental.
En cuanto a la vigilancia del proceso de enajenación, Bautista Hernández subrayó que se implementarán mecanismos estrictos, incluyendo peritajes técnicos, para evitar irregularidades como las detectadas en el municipio de Mixtla de Altamirano, donde se documentaron inconsistencias en la venta de bienes. Reconoció que en ese caso hubo errores en dictámenes previos, lo que llevó incluso a ofrecer disculpas públicas, situación que servirá como antecedente para evitar repetir fallas.
“El proceso no se hará de manera irregular; se realizarán avalúos y revisiones con especialistas para garantizar transparencia”, afirmó.
Llamado al diálogo en Tatahuicapan.
Respecto al conflicto en Tatahuicapan, donde se ha advertido sobre un posible cierre de válvulas de agua, el diputado hizo un llamado a privilegiar el diálogo entre autoridades y comunidades ejidales para evitar confrontaciones.
Indicó que se trata de un tema sensible, particularmente en comunidades indígenas, donde las decisiones se toman de manera colectiva. En ese sentido, exhortó a municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán y Zaragoza a instalar mesas de negociación.
Sobre las advertencias de que cerrar válvulas podría constituir un delito, señaló que la extorsión está tipificada en la ley, pero insistió en que lo prioritario es generar acuerdos mediante el diálogo y evitar posturas radicales.
Conflictos por manejo de residuos.
En otro tema, el legislador explicó que recientemente se registró tensión en comunidades rurales por el manejo de residuos sólidos, luego de que habitantes se opusieran a recibir basura de otros municipios. Detalló que la situación fue atendida mediante asamblea ejidal, donde se determinó suspender dicha práctica, logrando resolver el conflicto.
Dirigencia partidista y alianzas.
Sobre posibles cambios en la dirigencia estatal de Morena, Bautista Hernández evitó adelantar posturas y señaló que cualquier modificación dependerá de los órganos nacionales del partido. Consideró que estos procesos podrían darse después de 2027.
Asimismo, descartó fracturas a nivel estatal con partidos aliados, al afirmar que existe buena relación entre las fuerzas políticas y que no conviene una división rumbo a futuros procesos electorales.
Fiscalización y cuenta pública.
En materia legislativa, informó que el Congreso trabaja en la integración de la cuenta pública correspondiente a más de 300 entes, la cual deberá presentarse en los plazos establecidos para evitar responsabilidades legales. Indicó que la comisión correspondiente ya analiza los reportes preliminares.
Apoyos a pescadores.
En cuanto a apoyos sociales, detalló que pescadores registrados recibirán recursos federales a través del programa Bienpesca, con montos de hasta 15 mil pesos. Sin embargo, reconoció que aún se analiza la posibilidad de incluir a trabajadores no formalizados del sector, como prestadores de servicios turísticos.
Revisión de salarios municipales.
Finalmente, abordó el tema de los salarios de funcionarios municipales que superan el de la gobernadora, indicando que será necesario revisar el marco legal, ya que estos sueldos son aprobados por cabildos y posteriormente avalados por el Congreso.
Reconoció que, aunque el movimiento político al que pertenece promueve la austeridad, existen casos aislados que deberán analizarse con el área jurídica y con el Órgano de Fiscalización Superior para determinar posibles acciones sin vulnerar la autonomía municipal.