Propone Reveriano Marín penas de hasta 5 años de prisión por acusaciones falsas contra maestros.
Xalapa, Veracruz a 27 de octubre de 2026.- El diputado local y dirigente de la Sección 56 del SNTE aseguró que el magisterio se siente desprotegido ante señalamientos sin sustento y pidió agilizar el análisis de su iniciativa.
El diputado local y secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Reveriano Marín Hernández, propuso establecer sanciones de entre cuatro y cinco años de prisión para quienes realicen acusaciones falsas contra docentes, al considerar que actualmente los trabajadores de la educación se encuentran desprotegidos ante este tipo de señalamientos.
El legislador aclaró que su iniciativa no pretende reincorporar directamente los delitos de difamación y calumnia al Código Penal, sino agregar disposiciones específicas para atender las acusaciones sin sustento que se formulen contra integrantes del magisterio.
“Lo que yo estoy proponiendo es cuando haya acusaciones sin sustento en contra de los maestros. No es lo mismo”, explicó al ser cuestionado sobre las diferencias entre su planteamiento y las declaraciones de la gobernadora de Veracruz respecto a la aplicación general de la ley.
Marín Hernández sostuvo que la propuesta está dirigida específicamente al sector educativo, debido a que, afirmó, los maestros enfrentan situaciones en las que son señalados sin que se considere el contexto en el que desempeñan sus funciones.
“Para el sector educativo que hoy se siente desprotegido y agredido”, manifestó al explicar por qué su iniciativa contempla una protección específica para los docentes.
El diputado indicó que el planteamiento consiste en agregar los señalamientos falsos contra maestros a un artículo de la legislación correspondiente, aunque durante la entrevista no precisó el número del artículo ni detalló todos los elementos que tendrían que acreditarse para configurar la conducta.
Pide agilizar la iniciativa
Sobre la fecha en que podría aprobarse la propuesta, el representante del magisterio señaló que buscará reunirse con la comisión legislativa encargada de analizarla para conocer los avances y los tiempos previstos para su dictaminación.
Reconoció que existe urgencia de avanzar en el tema, debido a que, según dijo, los docentes se sienten vulnerables ante acusaciones que pueden afectar su reputación y su desempeño profesional.
“Sí urge, urge, los maestros se sienten desprotegidos y agredidos día a día”, expresó.
Como ejemplo, hizo referencia al caso de un maestro que habría sido objeto de señalamientos por parte de una madre de familia en una situación relacionada con cuestiones técnico-pedagógicas.
De acuerdo con el legislador, el señalamiento se habría realizado sin tomar en cuenta el contexto técnico y educativo en el que ocurrieron los hechos, por lo que consideró necesario contar con mecanismos legales que permitan investigar este tipo de situaciones cuando existan elementos para hacerlo.
Plantea penas de cuatro a cinco años de prisión.
Al ser cuestionado sobre lo que habría ocurrido si la iniciativa ya estuviera vigente cuando se presentó el caso mencionado, Marín Hernández respondió que podría abrirse una carpeta de investigación para determinar si existió una conducta sancionable.
El diputado también señaló que la propuesta contempla penas de entre cuatro y cinco años de prisión para quienes resulten responsables, siempre que se acrediten los hechos conforme a los procedimientos legales correspondientes.
No obstante, la aplicación de una eventual sanción dependería del contenido definitivo de la reforma, de los elementos que integren la conducta propuesta y de la determinación de las autoridades competentes.
Marín Hernández insistió en que su intención es brindar mayor protección jurídica a los trabajadores de la educación ante acusaciones que consideren infundadas.
La iniciativa deberá continuar su análisis en el Congreso del Estado de Veracruz, donde la comisión correspondiente tendrá que revisar su viabilidad, precisar sus alcances y determinar si procede su dictaminación antes de que pueda ser discutida y, en su caso, aprobada por el pleno legislativo.