Ex policías de Poza Rica exigen pago de indemnizaciones; acusan dilación de autoridades.

Xalapa, Veracruz a 7 de septiembre de 2026.- Ex policías de la zona de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla se manifestaron para exigir el pago de indemnizaciones que, aseguran, les adeuda el Gobierno del Estado, además de demandar avances en una carpeta de investigación relacionada con presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

El representante legal de los ex elementos, Ader Óscar Juárez, señaló que funcionarios de la actual administración les han dado largas y no han cumplido con las fechas establecidas para realizar los pagos, por lo que advirtió que permanecerán en el lugar hasta ser atendidos por los funcionarios responsables.

“Nos dan largas. El mes pasado nos dijeron que nos iban a pagar, ahorita nos dijeron que esta semana, pero no nos llaman. No nos atienden y no nos dan una certeza jurídica de que les van a pagar”, expuso.

Explicó que son alrededor de 600 ex policías los que tienen derecho a recibir este recurso, aunque hasta el momento únicamente 171 han recibido el pago, por lo que el resto continúa a la espera.

De acuerdo con el representante legal, el monto que corresponde a cada beneficiario es de aproximadamente 20 mil pesos, cantidad que calificó como baja en comparación con los años que han tenido que esperar para recibirla.

“El recurso está. El recurso ya lo tienen, pero no ha autorizado la instancia correspondiente. No entiendo por qué, si ya se les pagó a 171, se está deteniendo ahora el resto de los pagos”, cuestionó.

Los ex policías señalaron que la situación se ha vuelto cada vez más desgastante debido a los constantes traslados y gastos que realizan para acudir a Xalapa, sin obtener una respuesta concreta de las autoridades.

Juárez también denunció que algunos de los beneficiarios han fallecido mientras esperan que se resuelva su situación. Mencionó el caso de un ex policía de aproximadamente 70 años que murió de un infarto, por lo que actualmente su viuda continúa realizando las gestiones para obtener el recurso que le corresponde.

Denuncian irregularidades en carpeta de investigación.

El representante legal indicó además que buscan que se dé seguimiento a la carpeta de investigación 662/2022, en la que, afirmó, se documentaron presuntas irregularidades relacionadas con trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y la falsificación y cobro de documentos durante la administración de Javier Duarte.

Explicó que han presentado diversos oficios ante la Fiscalía para solicitar su intervención y que el caso avance hacia una instancia judicial; sin embargo, aseguró que únicamente han recibido respuestas de “copia de conocimiento”.

“Entregamos oficios tras oficios y nos entregan únicamente copia de conocimiento. Lo único que hacen es enviar a las personas indicadas al distrito de Poza Rica, pero precisamente ahí está el problema”, manifestó.

A esta situación se suma, dijo, que las autoridades encargadas de la carpeta les informaron que 18 tomos del expediente se habrían perdido a consecuencia de una inundación, lo que complica la posibilidad de continuar con el procedimiento.

“Eso nos afecta también. No tenemos todo lo que nos respalde. Yo sí tengo documentación, pero no tenemos los 18 tomos que en su momento se presentaron como denuncia”, señaló.

Juárez sostuvo que, pese a la pérdida de parte del expediente, existen elementos que podrían respaldar las acusaciones. Refirió que en una de las diligencias realizadas se obtuvo un dictamen pericial favorable respecto de la presunta falsificación de un cheque.

Afirmó que acudieron incluso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la Ciudad de México, donde, según su versión, pudieron constatar ante Banorte la existencia y cobro del cheque original.

El representante legal cuestionó que, después de varios años, no se haya logrado avanzar de manera definitiva en el procedimiento y consideró que las autoridades deben atender el reclamo de los ex policías.

Finalmente, los inconformes hicieron un llamado a los funcionarios estatales para que los reciban y establezcan una fecha cierta para el cumplimiento de los pagos.

Advirtieron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta y una solución concreta a sus demandas.

“Nos traen vueltas y vueltas: que vengamos dentro del mes, que dentro de 15 días, que el otro mes. Ya es desgastante. Lo que pedimos es ser atendidos y que nos den una certeza de cuándo se les va a pagar”, concluyó.