Reformas al marco electoral de Veracruz avanzan en el Congreso local
Hylcia Trujano
A fin de armonizar la legislación estatal con la reforma electoral federal conocida como “Plan B”, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Organización Política y Procesos Electorales de la LXVII Legislatura aprobaron un dictamen que modifica diversas disposiciones legales en Veracruz.
La propuesta, impulsada por las diputadas de Morena, Dorheny García Cayetano y Naomi Edith Gómez Santos, plantea ajustes orientados a fortalecer la austeridad republicana, la igualdad sustantiva y la disciplina en el manejo de los recursos públicos dentro de las instituciones del estado.
Entre los cambios contemplados destaca la incorporación obligatoria de los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en el funcionamiento e integración del Poder Legislativo, con la finalidad de consolidar espacios públicos más incluyentes y garantizar una representación política equitativa para las mujeres.
El dictamen también establece límites al presupuesto anual del Congreso del Estado, el cual no podrá rebasar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal, además de contemplar mecanismos para evitar ampliaciones presupuestales que contravengan los criterios de disciplina financiera y contención del gasto.
Asimismo, se incluyen restricciones a prestaciones extraordinarias financiadas con recursos públicos dentro de organismos electorales, como seguros médicos privados, pensiones especiales y esquemas de retiro privilegiados.
Además, considera una redefinición de los criterios para establecer el número máximo de regidurías en los ayuntamientos, tomando como referencia el tamaño de la población y la capacidad financiera de cada municipio. Con ello, se pretende evitar el crecimiento desproporcionado de las estructuras municipales y promover administraciones más funcionales y acordes a las condiciones de cada demarcación.
Es decir, el dictamen plantea que los recursos obtenidos a través de medidas de austeridad y ahorro permanezcan en las haciendas públicas y sean canalizados prioritariamente a proyectos de infraestructura. La intención es que las economías generadas puedan traducirse en obras y acciones con impacto directo en el desarrollo y bienestar de la ciudadanía.
El documento legislativo continuará ahora su ruta parlamentaria y se prevé que sea presentado ante el Pleno de la LXVII Legislatura en la sesión programada para el próximo 28 de mayo, donde las diputadas y los diputados determinarán su eventual aprobación.