Pide apoyo a Rocío Nahle por presunto tráfico de influencias y omisiones en caso de abuso sexual infantil.
Xalapa, Veracruz a 14 de mayo de 2026.- Sixto Ángel Guarneros Dionisio realizó una denuncia pública para solicitar la intervención de la gobernadora de Rocío Nahle ante presuntas irregularidades, omisiones y tráfico de influencias relacionados con un caso de abuso sexual infantil y procesos judiciales en Veracruz.
En conferencia, señaló que el pasado 21 de febrero de 2026 fue detenido Héctor Manuel Martínez Ojeda en Catemaco, Veracruz, acusado del delito de pederastía agravada. Indicó que un día después fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres en Xalapa, donde se llevó a cabo su audiencia inicial y posteriormente quedó bajo prisión preventiva oficiosa.
Afirmó que el 26 de febrero de 2026, Héctor Manuel Martínez Ojeda fue vinculado a proceso por el mismo delito y recluido en el penal de Pacho Viejo bajo el proceso 15/2026, derivado de la carpeta de investigación 700/2024 de SEJUM.
De acuerdo con Guarneros Dionisio, durante esa audiencia Ana Karina Guzmán Romero se presentó como testigo en favor del imputado, aunque aseguró que sus declaraciones resultaron contradictorias y no evitaron la vinculación a proceso.
El denunciante explicó que posteriormente acudió a la Fiscalía para dar seguimiento a una carpeta de investigación por omisión de cuidados en contra de Ana Karina Guzmán Romero. Según dijo, funcionarios ministeriales le señalaron que el expediente no había sido judicializado debido a supuestas instrucciones superiores para “filtrar” delitos cometidos por mujeres.
También acusó que, pese a que existen peritajes, protocolos y medidas de restricción definitivas para proteger a la menor, la entonces fiscal coordinadora Guadalupe García Hernández se negó a judicializar la carpeta al considerar que hacían falta nuevos periciales.
Sixto Ángel Guarneros aseguró además que hubo cambios constantes de fiscales y retrasos en las diligencias, lo que, afirmó, ha impedido avanzar en el caso.
Asimismo, denunció presuntas irregularidades en el Centro Estatal de Convivencia Familiar (Secofam), donde señaló que personal habría intentado obligar a su hija menor a convivir con su madre pese a la negativa de la niña.
Narró que en abril de 2026 acudió en varias ocasiones a Secofam desde la ciudad de Córdoba para cumplir con revisiones y convivencias supervisadas, pero acusó que funcionarios del lugar retuvieron a la menor e intentaron persuadirla para convivir con su progenitora.
El denunciante también afirmó haber presentado una denuncia ante el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de Secofam.
Además, señaló que recibió notificaciones vía WhatsApp para comparecer en una audiencia inicial en su contra por el delito de retención de menores, situación que consideró parte de presuntas represalias derivadas del proceso legal.
Por ello, pidió a la gobernadora Rocío Nale y al secretario de Gobierno intervenir en el caso, así como separar temporalmente de su cargo a Ana Karina Guzmán Romero, quien, aseguró, labora en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado desde junio de 2019.
Afirmó que la funcionaria presuntamente ha utilizado influencias dentro de dependencias estatales para favorecerse dentro de los procesos legales y proteger a personas señaladas por abuso sexual.
Finalmente, solicitó que las autoridades investiguen a fondo tanto a funcionarios de Secofam como a servidores públicos presuntamente relacionados con el caso y reiteró su petición de una audiencia directa con la gobernadora y el secretario de Gobierno.
Guarneros Dionisio indicó que su hija actualmente tiene cinco años y que los hechos denunciados habrían comenzado cuando la menor tenía tres años y ocho meses.