El embarazo infantil es producto de delitos y no debe normalizarse: Equifonía.

Xalapa, Veracruz a 28 de abril de 2026.- En el marco del Día de la Niña y el Niño, la coordinadora general de Equifonía, Adriana Fuentes, hizo un llamado a la sociedad y a las instituciones a no normalizar el embarazo infantil, al subrayar que estos casos son consecuencia de delitos, principalmente de violencia sexual.

Señaló que hablar de sexualidad no es un delito, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer campañas informativas y de educación sexual, especialmente tras la reforma de 2021 en materia de aborto. Recordó que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, contemplado en la Norma 046.

“Ver a una niña embarazada de 10 u 11 años no es normal, es producto de un delito de pederastia, y las instituciones deben garantizar sus derechos”, enfatizó.

Fuentes explicó que, de acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), en muchos casos los agresores pertenecen al entorno cercano de las víctimas, como padres, abuelos, tíos o primos, lo que evidencia que el ámbito familiar no siempre es un espacio seguro para niñas y adolescentes.

Asimismo, destacó la urgencia de reforzar la coordinación entre instituciones para garantizar el acceso efectivo a derechos como la interrupción del embarazo en casos de violación. Indicó que de 71 niñas que solicitan este servicio, solo a una se le garantiza, lo que calificó como un rezago alarmante.

En cuanto a cifras, detalló que en Veracruz se registraron 621 casos de embarazo infantil en 2024, siendo San Andrés Tuxtla el municipio con mayor incidencia, seguido de Veracruz, Papantla y Perote, entre otros. Además, alertó que la mayoría de las niñas afectadas presenta rezago educativo, pues un alto porcentaje no concluyó la educación básica.

La activista subrayó que el embarazo infantil está relacionado con múltiples violencias, por lo que es fundamental atender factores como el ausentismo escolar. En ese sentido, exhortó a las autoridades educativas a reportar estos casos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para su atención oportuna.

En otro tema, advirtió sobre el incremento en la desaparición de mujeres, particularmente menores de edad, y señaló que el principal reto sigue siendo la falta de implementación efectiva de los protocolos de búsqueda inmediata, ya que en algunos casos las autoridades continúan pidiendo esperar hasta 72 horas para iniciar acciones.

También mencionó la crisis nacional en materia de desapariciones y la problemática forense, al indicar que existen más de 72 mil restos sin identificar en el país, lo que refleja las deficiencias institucionales.

Respecto a las Alertas de Violencia de Género, señaló que los mecanismos se encuentran en pausa tras la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), lo que ha frenado el seguimiento y evaluación de estas medidas.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades de salud y educación a fortalecer acciones conjuntas, así como a la sociedad en general a no normalizar la violencia contra niñas y adolescentes, y a denunciar cualquier caso para garantizar la restitución de sus derechos.