Denuncian presuntas irregularidades en caso de violencia de género; víctima dirige carta abierta a autoridades federales y estatales.
Xalapa, Veracruz a 4 de noviembre de 2025.- A través de una carta abierta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, una mujer identificada como Pamela Fernández Ortiz denunció una serie de presuntas irregularidades en la investigación judicial de un caso que involucra delitos de violencia de género.
En el documento, Fernández Ortiz asegura que en mayo de 2024 presentó una denuncia contra un hombre al que identifica como Juan Carlos “N”, por hechos que según señala tendrían apariencia de delitos de aborto forzado, violación a la intimidad y violación. La investigación quedó registrada en la carpeta 1479/2024.
De acuerdo con su relato, la funcionaria responsable del caso la fiscal segunda especializada en delitos contra la familia, mujeres, niñas y niños, y trata de personas, Rebeca Vázquez García habría realizado pocas diligencias, mientras que la mayoría de los actos de investigación se llevaron a cabo a solicitud de la defensa del señalado agresor.
Según expone, en noviembre del mismo año se determinó el no ejercicio de la acción penal, decisión que ella impugnó. Tras un largo proceso de recursos y apelaciones, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia habría revocado dicha resolución dentro del expediente Toca 48/2025-A, ordenando reponer la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esa audiencia fue retomada por un nuevo juez, Zarur Ahumada, quien de acuerdo con la denunciante le dio parcialmente la razón en relación con el delito de aborto forzado, instruyendo a la fiscalía emitir una nueva determinación ajustada a la evaluación judicial.
No obstante, Fernández Ortiz señala que la fiscal emitió nuevamente una resolución en contra del ejercicio penal, lo que motivó nuevas impugnaciones y llamados judiciales al cumplimiento de órdenes, incluso con multas administrativas.
La situación se habría agravado el pasado 29 de octubre, cuando el juez Javier Lima presidió una audiencia que la denunciante considera improcedente, al no haberse cumplido previamente la resolución del juez Zarur Ahumada. Asegura que dicha actuación confirmó nuevamente el no ejercicio de la acción penal, lo que califica como una conducta “fuera del orden jurídico”.
En la carta, la denunciante acusa la existencia de un presunto “aparato de protección” hacia el imputado y hace responsables a las autoridades mencionadas de cualquier acción que ponga en riesgo su integridad, pues incluso enfrenta una denuncia en su contra por parte del señalado agresor carpeta VER/DXVI/F3/3261/2024 por supuesto falso testimonio.
Finalmente, solicita la intervención de las autoridades federales y estatales para frenar lo que considera violaciones a sus derechos y anuncia que, si es necesario, llevará su defensa ante instancias federales.